Según
cifras, América Latina fue la región del mundo que más rápido se urbanizó en el
periódo comprendido entre los años 1950 y 2010. De 69 millones de habitantes,
pasamos a una cifra superior a los 480 millones, representando un explosión
demográfica que multiplico nuestra población siete veces (1).
Este
fenómeno de urbanización acelerada trajo consigo muchos beneficios sociales y
económicos pero generó, simultáneamente, un desequilibrio medioambiental
considerable.
Como mecanismo para contrarrestar dicha situación, desde
inicios del Siglo XXI es cada vez más común ver como se aborda en los programas
y campañas electorales de candidatos de cualquier partido político, no solo en América
Latina, sino en todas las latitudes del globo, un concepto retomado de la
planificación urbana: las “ciudades inteligentes”.
Los titulares de los medios de comunicación y los discursos
de administradores y planeadores de lo público, recurrentemente anuncian “proyectos”
de sistemas de bicicletas públicas; o de ampliación de la capacidad de los
sistemas de transporte público masivo; incluso de creación de parques de
emprendimiento tecnológico; que anticipan la consolidación de “nuestra
ciudad” como una “verdadera
meca del emprendimiento y la innovación”, dándole así la bienvenida a
un selecto pero cada vez más amplio grupo de “ciudades inteligentes”.
Aunque desde la planeación urbana ya se ha probado la
efectividad de los modelos de redensificación urbana o los de centros urbanos
descentralizados; las ciudades inteligentes han sido defendidas pero, ante todo
cuestionadas por muchos, debido a su enfoque tecno centrista sobre temas tan
disímiles como los espacios físicos urbanos, el impacto social o las complejidades económicas y ambientales;
factores todos que deben tenerse en cuenta al momento de repensar el diseño de
las urbes del futuro.
Una ciudad inteligente, más que un cúmulo de proyectos y
soluciones de infraestructura, ha de ser una ciudad pensada para que integre
todos los servicios urbanos de manera óptima; que defienda y estimule la
protección del medio ambiente; que ofrezca a la ciudadanía, sin exclusión
alguna, acceso a todos los servicios y que promueva como primer objetivo, la consolidación de ciudadanos
más inteligentes.