Las últimas semanas han sido toda una odisea para Uber a nivel mundial.
Para empezar, el pasado primero
de julio en Sao Paulo, Brasil, la Cámara de esa ciudad prohibió el servicio y alertó
que haría uso de la Policía Militarizada para quienes lo ofrezcan, aplicándole
a los conductores no solo una multa, sino la confiscación de su vehículo.
Dos días más tarde, el 3 de
julio, Francia suspendió su operación y la de otros servicios de autos
compartidos, después de una agresiva oleada de protestas a finales del mes de
junio. Recordando además que la compañía fue calificada como una red de
proxenetismo después de la escandalosa campaña #Uberavions que promovía a
“Increibles chicas sexis” como las conductoras de sus clientes.
Más recientemente, el pasado
15 de julio, la Juez Administrativa Karen Clopton de la Comisión de Servicios
Públicos de California, Estados Unidos,
suspendió la operación de Uber y conminó a la compañía a pagar una multa de 7.3
millones de dólares, argumentando que no cumplía con las leyes del estado,
diseñadas éstas para garantizar que los conductores presten el servicio a los
usuarios, independientemente del lugar al que se dirijan o donde vivan. Dicha
decisión fue tomada por la juez, después de la negativa de Uber de proporcionar
información sobre la cantidad de viajes realizados por sus conductores,
violando así una ley del año 2013 que legalizó a todas las empresas de servicio
particular de transporte de pasajeros.
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